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Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo De 7 de octubre de 2009 “Relación laboral

02 mar

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos, por medio de Acta de Infracción, sanciona a la empresa TUCAN 900 S.L. (Clínica odontológica que explota la franquicia VITAL DENT en Burgos) por infracción administrativa grave.

La Inspección consideró que la relación entre la mercantil y los odontólogos, doña Estrella, don Erasmo, don Fabio, don Franco, don Hernán, don Inocencio y doña Martina (con los que la empresa había suscrito contratos civiles de arrendamiento de obras) era laboral, pero no había dado de alta ni cotizado por cuenta de los mismos.

La mercantil va a señalar que los odontólogos están dados de alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social) y en el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) y, además, que tienen suscritos contratos de seguro de responsabilidad profesional. Señala, así mismo, que los referidos odontólogos tienen otras consultas fuera de la clínica explotada por la sociedad mercantil, en las que prestan, igualmente, sus servicios profesionales.

El fallo de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Burgos declarará que la relación existente entre la demandada (la sociedad mercantil TUCAN 900 S.L.) y los codemandados (los siete odontólogos ya mencionados) constituye una verdadera relación laboral.

La sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, estima el recurso interpuesto por la sociedad mercantil TUCAN 900 S.L. frente a la sentencia dictada por el Juzgado de los Social nº 2 de Burgos, el 17 de diciembre de 2007, y revoca la sentencia de instancia, absolviendo libremente a la demandada de las pretensiones de la demanda.

Frente a dicha sentencia se interpondrá recurso de casación para la unificación de la doctrina, alegando, como motivo de casación, la infracción de los artículos 1.1. y 8.1. del Estatuto de los Trabajadores. Finalmente, el recurso se admitirá a trámite el 16 de abril de 2009.

Por tanto concluimos los antecedentes diciendo que: la sentencia objeto del comentario responde a un recurso de casación interpuesta frente a una sentencia del TSJ de Castilla y León que no declaraba como relación laboral los servicios prestados por 7 odontólogos en una clínica privada al entender que no concurrían las notas de dependencia y ajenidad, ya que estos odontólogos, que trabajan en la clínica mediante un contrato de arrendamiento de servicios, fijaban sus honorarios, trabajaban fuera de la clínica y encargaban y abonaban las prótesis.

Sin embargo el TS, analiza detenidamente la “ajenidad” y la “dependencia” en los fundamentos jurídicos segundo, apartado 4 y apartado 5, además de la referencia que hace al contrato de arrendamiento de servicio en el Fundamento Jurídico segundo apartado primero “1) La calificación de los contratos no depende de cómo hayan sido denominados por las partes contratantes, sino de la configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto [SSTS, entre otras muchas, 11 de diciembre de 1989 y 29 de diciembre de 1999]”.

Por lo que respecta a la dependencia los indicios más comunes de dependencia en la doctrina jurisprudencial son:

  • Asistencia al centro de trabajo
  • Sometimiento a un horario laboral
  • Desempeño personal del trabajo
  • Inserción del trabajador en la organización de trabajo del empresario
  • Sometimiento a un régimen disciplinario

Por otra parte, los indicios comunes de la ajenidad son:

  • Entrega o puesta a disposición del empresario de los servicios realizados
  • Adopción por parte del empresario de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado como la fijación de los precios o tarifas
  • Calculo de la retribución acorde a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada
  • No asunción del riesgo por parte del empleado. El riesgo de la empresa lo soporta el empresario,

En el caso de las profesiones liberales, son indicios contrarios a la existencia de laboralidad la percepción de honorarios por actuaciones o servicios fijados de acuerdo con indicaciones corporativas o la percepción de igualas o cantidades fijas pagadas directamente por los clientes; en cambio, la percepción de una retribución garantizada a cargo no del paciente sino de la entidad de asistencia sanitaria en función de una tarifa predeterminada por actos médicos realizados o de un coeficiente por el número de asegurados atendidos o atendibles, constituyen indicios de laboralidad como se da en nuestro caso concreto.

A partir de estos razonamientos cabe concluir que se dan en el supuesto enjuiciado, las notas características de la relación laboral:

  • Voluntariedad y prestación de servicios intuitu personae;
  • Ajenidad, por cuanto los frutos del trabajo se transfieren ab initio al empresario, que a su vez asume la obligación de pagar el salario con independencia de la obtención de beneficios;
  • Los trabajos se prestan dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, sin que para ello sea preciso el sometimiento a jornada laboral, aunque se obligan a prestar el servicio durante el horario de apertura al público de la clínica;
  • La retribución que percibe el odontólogo está en función de un porcentaje pactado sobre la facturación efectivamente cobrada por la clínica a los clientes atendidos, deduciendo de la misma, en su caso, el importe de los materiales, en sistema retributivo similar al salario a comisión.

[Fundamento Jurídico segundo apartado 8]

Así pues, partiendo de todo ello, y operando en el caso la presunción de laboralidad (artículo 8 ET), concurren los requisitos previstos en el artículo 1 de ET. En suma, todos los indicios habituales de dependencia, ajenidad y retribución acreditan la calificación de laboralidad en el caso enjuiciado.

ESTATUTO del TRABAJADOR

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

 

1. La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.

2. A los efectos de esta Ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas.

3. Se excluyen del ámbito regulado por la presente Ley:

a) La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regulará por el Estatuto de la Función Pública, así como la del personal al servicio del Estado, las Corporaciones locales y las Entidades públicas Autónomas, cuando, al amparo de una Ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias.

b) Las prestaciones personales obligatorias.

c) La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa sólo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo.

d) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.

e) Los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes los llevan a cabo. Se considerarán familiares, a estos efectos, siempre que convivan con el empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción.

f) La actividad de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, siempre que queden personalmente obligados a responder del buen fin de la operación asumiendo el riesgo y ventura de la misma.

g) En general, todo trabajo que se efectúe en desarrollo de relación distinta de la que define el apartado 1 de este artículo.

A tales efectos se entenderá excluida del ámbito laboral la actividad de las personas prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, realizada, mediante el correspondiente precio, con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador.

4. La legislación laboral española será de aplicación al trabajo que presten los trabajadores españoles contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero, sin perjuicio de las normas de orden público aplicables en el lugar de trabajo. Dichos trabajadores tendrán, al menos, los derechos económicos que les corresponderían de trabajar en territorio español.

5. A efectos de esta Ley se considera centro de trabajo la unidad productiva con organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad laboral.

En la actividad de trabajo en el mar se considerará como centro de trabajo el buque, entendiéndose situado en la provincia donde radique su puerto de base.

Artículo 8. Forma del contrato.

 

1. El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél.

2. Deberán constar por escrito los contratos de trabajo cuando así lo exija una disposición legal y, en todo caso, los de prácticas y para la formación, los contratos a tiempo parcial, fijo‐discontinuo y de relevo, los contratos de trabajo a domicilio, los contratos para la realización de una obra o servicio determinado, los contratos de inserción, así como los de los trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero. Igualmente constarán por escrito los contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas.

De no observarse tal exigencia, el contrato se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios.

3.

a) El empresario entregará a la representación legal de los trabajadores una copia básica de todos los contratos que deban celebrarse por escrito, a excepción de los contratos de relación laboral especial de alta dirección sobre los que se establece el deber de notificación a la representación legal de los trabajadores.

Con el fin de comprobar la adecuación del contenido del contrato a la legalidad vigente, esta copia básica contendrá todos los datos del contrato a excepción del número del documento nacional de identidad, el domicilio, el estado civil, y cualquier otro que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo (RCL 1982, 1197), pudiera afectar a la intimidad personal.

La copia básica se entregará por el empresario, en plazo no superior a diez días desde la formalización del contrato, a los representantes legales de los trabajadores, quienes la firmarán a efectos de acreditar que se ha producido la entrega.

Posteriormente, dicha copia básica se enviará a la oficina de empleo. Cuando no exista representación legal de los trabajadores también deberá formalizarse copia básica y remitirse a la oficina de empleo.

b) Los representantes de la Administración, así como los de las organizaciones sindicales y de las asociaciones empresariales, que tengan acceso a la copia básica de los contratos en virtud de su pertenencia a los órganos de participación institucional que reglamentariamente tengan tales facultades, observarán sigilo profesional, no pudiendo utilizar dicha documentación para fines distintos de los que motivaron su conocimiento.

4. Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por escrito, incluso durante el transcurso de la relación laboral.

5. Cuando la relación laboral sea de duración superior a cuatro semanas, el empresario deberá informar por escrito al trabajador, en los términos y plazos que se establezcan reglamentariamente, sobre los elementos esenciales del contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, siempre que tales elementos y condiciones no figuren en el contrato de trabajo formalizado por escrito.

Miembros:

-Alejandro Gómez Fraga;

-Alfonso Merino Arias;

-Víctor Alcocer Gómez.

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Publicado por en marzo 2, 2011 en Comentarios sentencias

 

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